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La Ciencia demostro que CONTROL DE ARMAS en los Estados Unidos salvaria muchas vidas

Una nueva matanza en una escuela de EE.UU., otra más, y regresa como cada vez el debate sobre la necesidad de imponer mayores controles a la compra y uso de armas de fuego. Como en otras ocasiones, el método científico es el más útil para realizar el análisis y un diagnóstico veraz y ajustado de lo que sucede. Y si se atiende a los datos que ofrecen varios estudios publicados en las últimas semanas, no caben dudas: EE.UU. debe reformar sus leyes sobre armas de fuego si quiere frenar la sangría que sufre en sus entrañas cada año y que recorta la esperanza de vida media de sus ciudadanos en 104 días. Cada año, más de 100.000 personas sufren una herida de bala en EE.UU. más de 31.000 mueren, 12.000 de ellas asesinadas. Son datos obtenidos en investigaciones que el lobby de las armas quiere frenar a toda costa.

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A finales de octubre, la prestigiosa Universidad Johns Hopkins publicó un exhaustivo trabajo que expone varias conclusiones claras fruto del análisis de distintas bases de datos y de la recopilación de los estudios científicos sobre la materia. Para empezar, el informe asegura que es imprescindible restringir al máximo el acceso a armas de fuego con cargadores de gran capacidad. Parece una obviedad, pero no todas las armas son iguales:* cuanta más munición tiene disponible el asaltante, mucho mayor es el daño que causa en cuanto al número de víctimas provocadas*. El estudio pone como ejemplo la pistola Glock de 9 milímetros semiautomática con 33 balas que usó Jared Lee Loughner para matar a seis personas y herir a otras 13, entre ellas la congresista Gabrielle Giffords, en su ataque en Tucson, Arizona. Adam Lanza también llevaba una Glock 9mm. Además, contaba con otra pistola (una Sig Sauer) y con un fusil de asalto M4, que cuenta con un cargador de 30 balas en su versión más simple. Un vídeo colgado en YouTube por un aficionado ayuda a entender el poder mortífero que ese fusil tendría contra un grupo de niños.

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Una ley federal de 1994 restringía la fabricación, el comercio y la posesión de este tipo de armas con excepcional capacidad para matar y que evitan al asesino el tener que detenerse a recargar en medio de su masacre. El anterior presidente de EE.UU., George W. Bush, dejó que al cabo de una década expirara esa ley que también cercenaba el acceso a otras mortíferas armas de asalto. Retomar la prohibición de armas de fuego con cargadores de gran capacidad (más de 10 balas) evitaría la muerte de 100 personas al año, según la estimación más conservadora realizada en el estudio.

Otra de las conclusiones del trabajo de la Johns Hopkins es que habría que ampliar y asegurar el veto para los grupos de riesgo. Ni convictos, ni menores de 21 años, ni personas con graves enfermedades mentales o con problemas de adicción a determinadas sustancias deberían poder comprar armas. A pesar de lo que muchos habitantes de EE.UU. creen, la mayoría de los convictos mantienen su derecho a comprar armas,gracias a determinadas lagunas legales y a la heterogeneidad de las leyes estatales. Así, un nuevo estudio acaba de concluir que de los reclusos condenados por el uso de armas de fuego –y que ya contaban con antecedentes– solo el 27% tenían prohibido comprar armas antes de cometer su último delito. El 96% de los que tenían prohibido comprar armas acudieron a un establecimiento que no realiza comprobaciones de los antecedentes de los clientes.

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RESTRICCIONES QUE FUNCIONAN
Con respecto a la edad de riesgo, todos los datos muestran que los jóvenes de entre 18 y 20 años cometen la mayoría de los delitos con armas de fuego de EE.UU., como sucede en el caso de Adam Lanza. Sin embargo, solo cinco estados tienen vetado el acceso a las armas para los menores de 21 años. Con respecto a determinadas adicciones, sólo 16 estados prohiben a los alcohólicos comprar armas. Además, la normativa nacional que impide tener armas a los adictos a drogas ilegales es muy débil: solo los condenados por posesión de sustancias ilícitas durante el año previo pierden su derecho a comprar pistolas o rifles.

Este tipo de restricciones funcionan, como acaba de demostrar otro estudio publicado en Preventive Medicine. Tras analizar las políticas de los distintos estados en cuanto a los requisitos exigidos para adquirir un arma y su correlación con las víctimas de balazos, obtuvieron varias conclusiones determinantes. Primero, que cuantos más antecedentes penales frenan la compra de armas, más se reducen los homicidios. Segundo, que las muertes por homicidio bajan cuando los estados aplican restricciones a sujetos con órdenes de alejamiento. Tercero, que los suicidios con armas de fuego caen en los estados que incluyen obstáculos por enfermedad mental. Además, la reducción de estas muertes no se compensa posteriormente con aumentos de muertes violentas por otros medios.

MAYORÍA A FAVOR DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL
“Muchas personas no se dan cuenta de que, en la mayoría de los estados, las personas condenadas por delitos violentos, o con órdenes de alejamiento por violencia doméstica, o con un historial grave de enfermedad mental o abuso de sustancias, pueden poseer armas de fuego de forma legal”, aseguraba Daniel Webster, autor principal del informe, tras su presentación. ”Hay grandes obstáculos políticos que frenan la promulgación de nuevas leyes de control de armas, pero los políticos tienen que darse cuenta de tres cosas: existe un amplio apoyo a las políticas restrictivas para individuos de alto riesgo, que las reformas son constitucionales, y que estas políticas salvarían vidas de estadounidenses inocentes”, defendió este investigador, director del Centro Johns Hopkins para la Investigación de Políticas de Armas.

Además, su trabajo contradice un mito muy extendido entre los medios de EE.UU.: no es verdad que portar armas aumente la seguridad. Antes al contrario, el análisis estadístico concluye que la introducción de leyes que extienden el derecho a llevar armas de fuego aumentó el número de crímenes violentos. Dependiendo del lugar, los cálculos señalan que estas leyes permisivas incrementan entre un 1% y un 9% los crímenes violentos en la región. El estudio pone el acento en desmentir que la población esté a favor de eliminar los controles legales para el acceso a las armas de fuego. Es más, el 82% de los estadounidenses dueños de un arma creen que deberían establecerse exámenes estrictos sobre los antecedentes del comprador de cualquier tipo de armamento de fuego. El 66% está a favor de crear un registro nacional de dueños de pistolas, revólveres, fusiles y demás. Y el 58% cree razonable prohibir los cargadores de alta capacidad.

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