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La presidenta de Argentina Cristina Fernández dandole un duro golpe a la libertad de expresion

La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, los intereses económicos, la pluralidad mediática y los límites del poder político son los ingredientes de la guerra judicial argentina que comienza a esclarecerse.

El Gobierno que dirige Cristina Fernández notificó este lunes al Grupo Clarín el inicio del desmantelamiento parcial de su imperio mediático. El anuncio se produjo en la sede del grupo y por parte del responsable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella. De esta manera, el Ejecutivo de Cristina Fernández puso en marcha la aplicación de la conocida como Ley de Medios, que fija límites a las licencias de radio y televisión en manos de un solo grupo, que Clarín supera ampliamente.


APLICACIÓN CUESTIONADA

La Ley de Medios fue aprobada en 2009 y en teoría tiene como objetivo garantizar la pluralidad en el panorama mediático nacional y evitar la constitución de monopolios. Sin embargo, desde su nacimiento, la ley fue criticada por el Grupo Clarín como un instrumento que tiene por objeto cercenar sus intereses editoriales por sus posturas abiertamente opuestas a las de Fernández.

El Gobierno no aplicó inmediatamente la ley porque la justicia argentina retrasó el proceso. Tras el vencimiento de la suspensión cautelar, el Ejecutivo anunció este mes su desarrollo entre alocuciones muy agresivas contra el grupo mediático. No sólo Clarín tendrá que llevar a la práctica una desinversión para respetar los límites legales. En total, una veintena de grupos mediáticos están afectados, de una u otra manera prescindiendo de hasta 330 licencias de televisión, radio y servicios de televisión de pago. Sin embargo, Clarín asumirá más de la mitad de licencias perdidas en favor de otros grupos mediáticos.

GUERRA JUDICIAL

Hasta ahora, Clarín ha intentado frenar la aplicación de la ley mediante un recurso que cuestionaba la constitucionalidad de la ley por cuanto podría afectar a la libertad de expresión. El Gobierno, por su parte, también se enzarzó en la batalla legal tratando de saltarse cualquier medida cautelar impuesta por la justicia para acelerar el desmantelamiento del grupo.

A principios de mes, el día 6 de diciembre, un juzgado decretó la suspensión cautelar de la aplicación de la ley, un hecho contestado con inusitada virulencia desde instancias políticas. EL jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, tildó de "Cámara de mierda" al juzgado que le daba la razón al grupo mediático, a quien acusó de haber comprado a los magistrados.

El viernes, el juez de primera instancia Horacio Alfonso declaró constitucional la norma, levantando la suspensión cautelar dictada la semana anterior. En la interpretación del artículo clave de la ley (el 161) "no se vislumbra afectación a la libertad de expresión". "Conviene recordar que el interés general tenido en mira por el nuevo ordenamiento responde al objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad posible de medios de comunicación". Según el magistrado, la Ley de Medios no pretende "afectar la libertad de prensa y de expresión, sino antes bien, que se genere una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual". "No se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución" que perjudique la libertad de expresión o a un grupo concreto.

UN GRUPO PODEROSO

Tomando como base esa sentencia, que puede ser recurrida, el Gobierno decidió esta mañana poner en marcha el proceso. En la misma mañana del lunes, el grupo Clarín recurrió el fallo del viernes.

Clarín posee, además del primer diario del país de idéntico nombre, varios canales de televisión o redes de televisión por cable. La segunda cadena del país es de su propiedad, así como numerosas radios. En 2011, el grupo tuvo un volumen de negocio de 9.700 millones de pesos (1.600 millones de euros), casi un 28% más que el año anterior.

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